Los 43 de Iguala

Sergio González Rodríguez, Los 43 de Iguala: México, verdad y reto de los estudiantes desaparecidos, Barcelona, Anagrama, 2015

Alberto del Castillo Troncoso*

Cola de relámpago
Remolino de muertos.
Con el vuelo que llevan,
Poco les durará el esfuerzo.
Tal vez acaben deshechos en espuma
O se los trague este aire lleno de cenizas.
Y hasta pueden perderse
yendo a tientas entre la revuelta oscuridad.
Al fin y al cabo ya son puro escombro
Juan Rulfo

Mordemos la sombra
Y en la sombra
Aparecen los muertos
Como luces y frutos
Como vasos de sangre
Como piedras del abismo
David Huerta

La masacre de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, provocó una indignación a nivel nacional e internacional pocas veces vista en un país que ha producido la atroz cifra de 120 mil muertos y desaparecidos en los últimos 10 años y que aparentemente estaba resignado a padecer la violencia de los distintos grupos del crimen organizado, el azote de las bandas de paramilitares y sicarios y la frecuente violación de los derechos humanos por parte de la policía y el ejército mexicanos.

Entre otras cosas, el caso de Ayotzinapa representa uno de los principales focos de alarma y un quiebre en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que en el lapso de un par de meses pasó del reconocimiento internacional y el nombramiento como Estadista Mundial 2014 al oprobio y el cuestionamiento de la credibilidad política, transitando del llamado Mexican moment, ratificado en la portada de la revista Time, a la exhibición pública del show del horror y la impunidad, todo ello agravado por el conocido episodio mediático de la fraudulenta compra de la llamada “Casa Blanca”, en la que una rigurosa investigación ―que posteriormente obtendría el Premio Nacional de Periodismo― difundió de manera contundente el tráfico de influencias, la corrupción e impunidad del propio Ejecutivo y su esposa en los asuntos públicos.

Paradojas de la historia: así como el régimen de Salinas de Gortari es recordado a partir de la dualidad de la firma del Tratado de Libre Comercio y el inicio de la revuelta zapatista a principios de aquel año crucial de 1994, el gobierno de Peña Nieto tendrá en el futuro próximo esa primera impronta del doble trazo de la privatización y la aprobación de las reformas estructurales y la explosión internacional de la masacre de los 43 en Ayotzinapa veinte años después.

A un año de distancia, dicha tragedia ha dado lugar a diversas investigaciones académicas y periodísticas que han revisado los hechos y han retomado distintas facetas de los mismos, las cuales van desde la recreación de las historias de vida de los estudiantes hasta la crónica puntual de la manera en que fueron ocurriendo los hechos y la participación de las autoridades y los distintos cuerpos policíacos y el ejército, con la integración de varios testimonios recabados posteriormente por el propio gobierno y distintos sectores de la prensa.

En este lapso se han producido también varios documentales que representan puntos de vista muy diferentes. Entre ellos cabe destacar: Ayotzinapa: crónica de un crimen de Estado, de Xavier Robles, que recupera el punto de vista de algunos sobrevivientes y lo complementa con la lectura de algunos analistas, como Luis Hernández Navarro; Mirar morir. El ejército en la noche de Iguala, de Coizta Grecko, que focaliza su atención en la participación de los militares; y La noche de Iguala, el “docudrama” dirigido por Raúl Quintanilla, con guion de Jorge Fernández Menéndez, que se limita a ilustrar el punto de vista oficial sobre los hechos.

En este contexto de múltiples referencias comentaré el libro de Sergio González Rodríguez, Los 43 de Iguala: México, verdad y reto de los estudiantes desaparecidos. Se trata de una documentada investigación periodística, en la que el autor muestra el bagaje y la experiencia de sus ensayos anteriores, como Huesos en el desierto y Campo de guerra, y aporta una lectura y una interpretación del episodio con una perspectiva crítica opuesta a una normalización de lo atroz y a una “legitimidad de la mentira” (Bobbio) que llevaría a la legalización de la barbarie; en cambio, propone distintas pistas e indicios para tratar de comprender de manera más amplia los sucesos y se opone a cualquier tipo de mitificación de los mismos, desde la exaltación oficial de supuestas “verdades históricas”, incapaces de permanecer en el imaginario más allá de 24 horas, hasta la circulación de visiones maniqueas radicales que justifican e idealizan la cultura de la violencia.

Para ello, el autor acude al lugar de los hechos, recupera testimonios, discute con bibliografía académica especializada en temas de represión y guerra sucia, debate con textos de analistas y teóricos importantes de la historia y la memoria, como Didi-Huberman; analiza y retoma algunos de los reportajes periodísticos más importantes de los últimos meses y contextualiza cifras significativas que permiten re-dimensionar los hechos. Uno de los puntos centrales consiste en el cuestionamiento de la construcción de las cifras por parte de la argumentación oficial y la lectura entre líneas y el desciframiento del modus operandi que subyace en la conformación oficial y mediática de este tipo de episodios.

En ese orden de ideas el autor apuesta por presentar una crónica personal: “Debo hablar de lo que nadie quiere ya hablar. Contra el silencio, contra la hipocresía, contra las mentiras, habré de recordarlo”, en la que el relato en cuestión exhibe junto al análisis riguroso y objetivo la propia subjetividad.

De esa manera aporta las cifras que dimensionan los hechos, pero también visibiliza su propia vulnerabilidad y transmite el recuerdo conmovedor del sobrino desaparecido o el de la colega asesinada por los sicarios y apela a fragmentos de extraordinarios relatos iluminadores de importantes escritores y poetas que construyen atmósferas muy pertinentes para la lectura de este tipo de hechos, de Juan Rulfo a David Huerta, cuyas citas muestran hasta qué punto el ejercicio poético aporta el lenguaje más adecuado para evocar este tipo de acontecimientos. No es casual que el autor cite también un fragmento del poema de Octavio Paz titulado “México: olimpiada de 1968”, que se refiere a la masacre de Tlatelolco: “¿Por qué?/La vergüenza es ira vuelta contra uno mismo: si una nación entera se avergüenza es león que se agazapa para saltar”.

Es interesante la referencia, ya que a pesar de sus evidentes diferencias Tlatelolco y Ayotzinapa constituyen en la memoria histórica reciente crímenes de Estado en los que se cometieron delitos de lesa humanidad que no prescriben, y a pesar de la impunidad que los rodea ―o quizá debido a ella― representan marcas cuyas secuelas continuarán cuestionando a los regímenes que los cometieron.

Sin ánimos de agotar la lectura de una investigación tan compleja, señalo a continuación tres puntos que contribuyen a problematizar este episodio crucial de la historia reciente mexicana y que se desprenden de la lectura de esta obra.

1) Una de las aportaciones más importantes del trabajo consiste en señalar que Ayotzinapa no constituye un episodio aislado ni de excepción, que pueda explicarse solamente en función de la corrupción acotada de autoridades locales y policías municipales. Por el contrario, esos lamentables acontecimientos nos remiten a una trama de poder muy compleja que debe historizarse y que impera con distintos matices en una parte significativa del territorio nacional, por ello forma parte tanto del poder como de la cultura política en su conjunto.

No en balde entre las localidades de Iguala, Cocula y Taxco se ha ubicado un verdadero “corredor” de desapariciones de personas y fosas clandestinas, lo cual muestra que los hechos de Ayotzinapa no son excepcionales sino que forman parte de un ejercicio de barbarie cotidiana y arraigada en la zona desde hace varios años, con la connivencia y complicidad de las autoridades. Un ejemplo es el caso del alcalde de Iguala y capo del grupo “Guerreros Unidos”, José Luis Abarca, y su esposa, con una historia de abusos y homicidios pendientes y un enriquecimiento millonario todavía impune, así como distintos grupos criminales que pelean por el territorio guerrerense: los Rojos, los Caballeros templarios y el cartel Jalisco nueva generación, entre muchos otros que se reparten el negocio de la heroína y han diversificado sus crímenes mediante el robo, el secuestro y la extorsión.

Consideraciones como el señalamiento de las condiciones del atraso y la violencia imperantes en el estado de Guerrero, asiento de los cinco municipios más violentos del país, con casi 15% de su población actual viviendo en los Estados Unidos, una tasa de homicidios 210% por encima de la media nacional y 97.6% de impunidad con respecto a las denuncias son solo algunas de las referencias ofrecidas por el autor para tratar de comprender un contexto donde el Estado de derecho es prácticamente inexistente en esta y otras regiones desde hace varias décadas, y el divorcio entre el país real y el imaginado por el gobierno y sus spin doctors a través de la radio, la prensa y la televisión se hace cada vez más evidente.

2)       Un punto muy relevante es el que se refiere a la crítica al martirologio presente en algunos sectores de la izquierda radical y expresado tanto en el plan de estudios de la Escuela de Ayotzinapa ―con sus asignaturas sobre temas “ideológicos”― como en los propios muros de la misma institución que aluden a esos temas y repiten ese tipo de consignas.

Al mismo tiempo, considero un exceso del autor el hecho de remitirse al Jemer Rojo de Pol Pot y el genocidio camboyano como uno de los sustentos ideológicos que permean y subyacen en el trabajo político de los estudiantes guerrerenses. Sin negar posibles vínculos con las guerrillas ni la vigencia de dogmas y limitaciones de una visión simplista y esquemática del marxismo, considero que el autor no puede obviar el hecho de que hasta el momento el principal apoyo de la Escuela no proviene de la insurgencia armada, sino de una red de organizaciones de derechos humanos a escala nacional e internacional, que lejos de exaltar la violencia lo que hacen es apelar a la tolerancia y la vigencia de un Estado de derecho democrático.

En este mismo sentido, el uso de los cuadros y gráficas intercalados en los capítulos de la obra contribuyen a aclarar algunos de los argumentos del ensayo. En general concuerdo con el sentido de las mismas. Sin embargo, tengo una discrepancia con el cuadro titulado: “Maquinaria insurgente contra el An-Estado” (se refiere a aquel sector del Estado que funciona al margen de la legalidad), el cual equipara la acción de la guerrilla y los anarcos con el trabajo político de las ONGs “indigenistas” y “universitarias”.

De nueva cuenta, considero que el argumento no corresponde a la realidad en la medida en que todos estos grupos responden a historias distintas, con visiones del mundo harto diferentes. No se puede equiparar la exaltación de la violencia de algunos grupos, como los denominados anarcos y sus pasamontañas, con los integrantes de muchas de las ONGs en tanto reivindican la cultura democrática, la existencia de un Estado de derecho y el respeto a las garantías individuales y enfrentan el autoritarismo y la violencia desde la perspectiva ciudadana, compartiendo su identidad personal con la opinión pública, lo que las ha llevado en más de una ocasión a padecer la agresión del Estado y de diversos grupos criminales.

Entre otros ejemplos cabe destacar el trabajo de Tlalchinollan, el centro de derechos humanos de La Montaña, que ha acompañado la lucha de los padres y familiares de los normalistas, los ha asesorado legalmente ante los abusos y las mentiras de los funcionarios y las manipulaciones de sus abogados, y les ha brindado cauces legales ―con la Constitución en la mano― para construir una estrategia basada en la justicia con organizaciones clave en la lucha histórica por los derechos humanos en América Latina: Conectas en Brasil y CELS en Argentina.

En cambio, comparto plenamente el argumento del autor de que sólo desde una postura irracional puede atentarse contra la vida de las personas y querer justificarlo con alegatos ideológicos, y que el complemento perfecto de la barbarie normalizada está representado por aquellos que la ahondan en nombre de un futuro mejor.

3) Finalmente, el señalamiento de posicionar el análisis de los hechos en el contexto histórico de la “guerra sucia” en el estado de Guerrero, y poner sobre la mesa la participación de los Estados Unidos en este proceso, representa una de las pistas más relevantes para leer la tragedia de Ayotzinapa.

Lo anterior nos remonta a la década de los setenta y los crímenes cometidos por el ejército contra la guerrilla encabezada por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, y contra la población y los ciudadanos en general. Se trata de un capítulo hasta ahora considerado marginal en los procesos de reconstrucción de la memoria reciente en América Latina, y que hoy comienza a documentarse y a crecer cada vez más, con testimonios como el de un ex secretario de Gobierno que ha ratificado la existencia de vuelos de la muerte similares a los que operaron en las dictaduras militares centro y sudamericanas durante aquellos años. El ejemplo paradigmático en el terreno de la violación a los derechos humanos es el del secuestro y desaparición de Rosendo Radilla Pacheco por parte del ejército en Atoyac de Álvarez el 25 de agosto de 1974, el cual ha sido rescatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la indiferencia del Estado mexicano y los constantes intentos de manipulación por parte del ejército.

Así las cosas, existe en el Estado una trama de poder e impunidad que se ha construido a lo largo de varias décadas y ha rodeado el accionar de la institución castrense, y hoy debe tomarse en cuenta cuando se analiza la actuación del ejército en estos acontecimientos. Este punto es crucial y plenamente vigente, ya que a un año de distancia la cúpula militar sigue negando el acceso legal al registro del testimonio de los soldados y oficiales involucrados en la masacre y con el apoyo gubernamental ha cerrado al acceso a las instalaciones del cuartel que controla la zona de Iguala donde ocurrieron los acontecimientos, en la 35 zona militar. Con ello despiertas todo tipo de rumores y sospechas en torno a la participación real del ejército en los hechos, en particular en lo que se refiere al tema de la logística y la infraestructura necesaria para la incineración de 43 cuerpos.

A este punto debe añadirse el vínculo histórico entre el régimen mexicano y los Estados Unidos en la lucha contra la contrainsurgencia, que en años recientes ha implicado el entrenamiento de nueve mil militares por parte del Pentágono, de los cuales más de 300 son especialistas en antiterrorismo y contrainsurgencia. Incluso uno de ellos, un excomandante del 27º Batallón de Iguala, es un destacado integrante de los servicios de inteligencia y contrainsurgencia que acompañaba al alcalde Abarca en muchos de sus actos públicos.

En este horizonte de lectura, el operativo de la masacre de Iguala requirió el consenso y la organización de diversas fuerzas que instrumentaron una estrategia que puede compararse con otros episodios de “limpieza” con agentes y paramilitares apoyados por fuerzas especiales de EU, como los de Mozote en El Salvador, en 1981, o el de El Salado en Colombia, en el año 2000, con la puesta en práctica de ejecuciones, tortura, desapariciones y asesinatos que implicaron mutilaciones, desollamientos y extracciones de ojos.

Para finalizar con esta inquietante hipótesis es necesario señalar que entre los policías detenidos por la masacre varios tienen antecedentes militares, expertos en transmisiones y materiales de guerra. De acuerdo con las pesquisas del propio gobierno mexicano, el FBI ha intervenido en la investigación sobre los desaparecidos y se ha detectado la presencia de varios agentes de la CIA en el propio operativo del secuestro y la masacre de los 43, con algunos de los estudiantes como militares infiltrados en la Escuela de Ayotzinapa.

Con estos y otros elementos, el autor propone una lectura del episodio que va más allá de la pugna por territorios entre bandas rivales del narcotráfico y agrega las piezas de la geopolítica y la intervención de intereses diversos en torno a la seguridad nacional.

En conclusión, el episodio de Ayotzinapa tiene una dimensión muy profunda y requiere de una investigación muy amplia que permitirá puntualizar distintos factores relacionados con la presencia y el protagonismo de distintos actores sociales en el territorio nacional, con la complicidad y el apoyo del Estado e incluso de otros gobiernos con intereses políticos y económicos en la región.

Como ha señalado el autor, el supuesto incendio y la enorme pira realizada por los sicarios en el basurero de Cocula ha sido la piedra de toque de la llamada “verdad histórica” defendida por el Estado mexicano, y cuestionada y refutada de manera categórica por distintos académicos y expertos nacionales e internacionales.

Esta pira, existente sólo en el imaginario construido por el Estado posee sin embargo un contenido simbólico importante, toda vez que ha sido utilizada en otras ocasiones por los sicarios y nos remite, con una cierta lectura histórica, al tribunal de la inquisición y la instalación de un régimen de temor que permeó una parte importante de la cultura occidental durante varios siglos y por ello dejó secuelas importantes en la cultura y la sociedad.

Esa noche de horror parece haber fundado raíces en el México contemporáneo, como documenta de manera lúcida el ensayo reseñado. Sin embargo, lejos de los fatalismos y las posturas paralizantes de corte conservador, considero que la lectura de este libro podrá contribuir a una discusión crítica sobre estos hechos, más allá de cualquier tipo de dogmas, pues cabe recordar aquí que el primer paso para solucionar un problema consiste en elaborar un diagnóstico adecuado sobre las causas del mismo.