En busca de justicia: una historia de lucha por los derechos reproductivos

Ana G. Bedolla Giles* (†)

El 6 de septiembre de 1994, en la ciudad de El Cairo, Egipto, en el Foro Mundial sobre Salud Reproductiva y Derechos Humanos, una representante de México subía al estrado, iniciaba su ponencia, y conmovía al mundo a través de la cobertura mediática internacional. Con voz tímida y temblorosa narró la terrible tragedia que le ocurrió, una doble pérdida: la de su primera hija en un parto mal tratado, y la de sus órganos reproductivos, lo que la condenó a la esterilidad total a los 28 años. Era María del Carmen Rincón Cruz, química farmacobióloga, que conocí en Pachuca, Hidalgo, por unos amigos en común dedicados a proyectos de investigación con los mineros de la región.

I. El principio

Había dejado de ver a Carmen durante unos años. En ese tiempo, ella había participado en las brigadas interdisciplinarias que enviaba la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a Nicaragua. Carmen coincidió en la ciudad de Estelí con José Luis Imbert Palafox, y se hicieron pareja mientras encontraban en el agua de coco un vehículo para la preparación de vacunas, lo que permitiría al triunfante movimiento sandinista evitar importaciones muy onerosas.

Fue como una corazonada. Empecé a buscar a Carmen en septiembre de 1987 y no había manera de hablar con ella. Por lo general contestaba el teléfono su hermana, me decía que Carmen no estaba, pero le daría mi recado. Mi preocupación creció mientras transcurría todo el mes de octubre sin noticias de mi amiga. Hasta que un día de noviembre me devolvió la llamada. La noticia era devastadora. Carmen había sufrido una depresión profunda, y lo único que la ayudó a superarla fue la rabia.

A grandes rasgos, me explicó que había tenido un embarazo normal, bajo la vigilancia del doctor Jorge García Ávila. A pesar de que ambos trabajaban en el IMSS, acordaron que el parto tendría lugar en la Beneficencia Española, un pequeño pero prestigioso hospital, por dos razones: contaban con un equipo para ultrasonido y, principalmente, porque ahí permitirían que José Luis entrara al quirófano y acompañara a Carmen durante el parto.

 Llegaron a la Beneficencia pasada la medianoche del 14 de septiembre de 1987. La instalaron en una habitación, y ahí fueron informados de que José Luis no podría acompañar a Carmen durante el parto, porque las reglas habían cambiado.

 Carmen ingresó a la sala de operaciones a las dos de la mañana, sola, y después de varias horas, una gran cantidad de oxitocina y una contracción especialmente dolorosa, el médico hizo varias llamadas telefónicas, y decidió realizar una cesárea. Mientras él extraía a la bebita, la madre alcanzó a percibir un color amoratado en la criatura, y comenzó a gritar llamando al médico, a José Luis, a su propia madre. De inmediato le administraron un sedante. Eran las ocho de la mañana.

Alrededor de las cinco de la tarde Carmen despertó, y en la mirada de José Luis encontró la dolorosa confirmación: “Nuestra hija, Azul, murió”. Ella no lo podía aceptar, ni siquiera lo podía creer. Pidió verla. Quería tocarla, darle un beso, decirle al oído cuánto la amaba, y despedirse. No fue posible. En un acto dudoso y rodeado de oscuridad, le informaron a la madre que la niña ya había sido sepultada.[1]

El galeno, aunque trató, no pudo seguir evadiendo a Carmen:

—¿Por qué, doctor? ¿Por qué se murió mi hija? 

—Su hija tenía un hoyo en el corazón.

—¿En el corazón? ¿En el corazón que tantas veces escuché durante el embarazo? —inquirió llorando. La respuesta de García Ávila consistió en volver a sedar a Carmen.

Fue dada de alta dos días después. El doctor García receta antibióticos por vía oral, caminar, y “que no llore, que podrá tener más hijos”. No obstante, Carmen no mejoraba. Su mamá pidió varias veces al médico que la viera en casa, pero él no atendió ese llamado, a pesar de síntomas tales como mucho dolor en cualquier posición, y reacciones secundarias a la medicación.

Al cabo de una semana, la señora, desesperada, lleva a Carmen al consultorio. El médico examina a su paciente, y al darse cuenta de su gravedad, les pide que vayan de inmediato al hospital del IMSS en Pachuca, donde él las alcanzará para atenderla.  Pero no llegó.

La mamá de Carmen era enfermera, y muy reconocida en el Seguro Social, en virtud de que dirigía el Programa Estatal de Parteras. Su trabajo le permitió conocer personal médico de Hidalgo, y de otros estados cercanos.

Pasaron dos horas y la mamá de Carmen, decepcionada porque García Ávila había faltado a su promesa, busca a otro médico que examine a su hija, el doctor Licona, un profesional muy prestigiado en Hidalgo. Éste, al ver la gravedad del caso, primero se niega a hacerse cargo, pero finalmente acepta, ante el ruego angustiado de la señora, con la condición de que esté presente durante la inminente cirugía.

Sin asegurar su sobrevivencia, ya que Carmen presentaba septicemia, Licona la intervino, nuevamente en el Hospital de la Beneficencia Española. Se dio cuenta de que no había manera de salvar los órganos reproductivos. Con la dolorosa anuencia de la madre, tuvo que retirar la matriz y los dos ovarios; aunque a Carmen le dijeron, para evitar una depresión mayor, que le habían salvado uno de estos últimos, para mantener viva una esperanza de fertilidad.

2. En busca de una defensa

¡Demándalo!, le dije, yo te apoyo en todo lo que sea necesario, pero esto no puede quedar así. Pero Carmen ya había tomado la decisión. Contó que lo supo una de esas tardes en las que miraba pasar la vida desde la ventana de su habitación. Vio cómo caminaba feliz una joven mujer con su hija, y se imaginó en el lugar de ella; que esa desconocida pudo haber visto morir a su chiquita; o que esa niña, cuando creciera, podría ser víctima de una negligencia que destruyera su posibilidad de ser madre.

Se puso a buscar un abogado. Primero encontró a uno que le aconsejó: “Pide diez millones de pesos. Negociamos y lo dejamos en cinco”. Inmediatamente lo despidió. Carmen tenía claro que no quería dinero, sino que a ninguna mujer le volviera a pasar lo que le sucedió a ella. Con mucho dolor, ella y José Luis habían reconstruido paso a paso el proceso, y concluyeron que la infección generalizada se debió a la falta de medidas higiénicas por parte de García Ávila, así como a la deficiente atención posparto: un antibiótico que le producía diarrea, y por lo tanto no podía asimilar; y otro que mantenía baja la temperatura, y que impedía advertir la presencia de una infección.  Además, la paciente requería medicamentos mucho más potentes, y por supuesto la visita en casa, para apreciar su estado general.

No obstante, Carmen me decía: “Lo que más me duele del doctor es el abandono, ¿por qué no fue al hospital como quedamos?”

3. La denuncia

Con una abogada al frente de su caso, Sonia Gutiérrez, Carmen presenta en noviembre del mismo año la denuncia ante la Procuraduría General del Estado, y el asunto se hace público por vez primera.[2] Pero a la abogada no parecía preocuparle tanto el caso como que Carmen asistiera constantemente a la Procuraduría a preguntar por su asunto. Empezamos a sospechar que había algo raro en la actitud de la licenciada, ya que su denuncia se cambió de mesa sin conocimiento de la interesada. Cuando Carmen le preguntó la razón, hubo una clara molestia en una respuesta ambigua. En los primeros días de enero, Carmen la despidió.

Entonces se me ocurrió acudir al profesor Roberto Meza, a quien conocí durante el movimiento magisterial que apoyábamos las y los trabajadores del INAH en Hidalgo. Roberto dirigía el Consejo Central de Lucha (CCL), tenía prestigio, capacidad de convocatoria y conocía mucha gente del gobierno y profesionales a quienes eventualmente podríamos recurrir. Meza tenía fama de apoyar las causas de campesinos, obreros y movimientos populares desde muy joven. Había pertenecido al Partido Comunista, y durante la primera oleada del movimiento magisterial fue líder del Consejo Central de Lucha del Magisterio Hidalguense.

La noche en que le presenté a Carmen, Roberto, visiblemente conmovido, nos recomendó recurrir a profesionales varones. Creía que podrían ser empáticos y particularmente fuertes para enfrentar un juicio previsiblemente duro y difícil. Nos recomendó a dos abogados, que renunciaron rápidamente porque recibieron amenazas por vía telefónica.

Temíamos que la denuncia se “extraviara” entre los expedientes de la Procuraduría, cuando se nos ocurrió recurrir a la revista Proceso. Gracias a la ayuda del reportero Miguel Cabildo, el 18 de enero de 1988 se publicó una carta a Julio Scherer[3] que tuvo un poderoso efecto: la averiguación fue “descongelada” y turnada al Juzgado II en Materia Penal, a cargo del licenciado Arturo Reyes Monterrubio; pero es importante señalar que no contenía una clasificación de lesiones, lo que implicaba dos cosas: una intención de atenuar la responsabilidad del médico, que contaba con alguna fuerza política (¿o económica?); pero también, una presunta responsabilidad.

El 15 de febrero Carmen acudió al Juzgado para preguntar sobre su caso, y se encontró al doctor García Ávila rindiendo su declaración preparatoria, en compañía de dos abogados. En ese momento fue informada de que estaba transcurriendo un plazo de 72 horas para el ofrecimiento de pruebas por ambas partes. Como todavía no tenía abogado, Carmen fue registrada como coadyuvante del Ministerio Público, a cargo de la licenciada Mercedes Valdespino, aportando las preguntas que se le debían hacer al médico. Esa noche, Carmen habló por primera vez con la licenciada Rosa María Gutiérrez, por recomendación del profesor Meza. Escuchó con toda atención la historia de Carmen, y aceptó en principio representarla durante el plazo de 72 horas, más por la amistad con Meza que por la convicción de que se podría ganar el caso. Es relevante mencionar que Rosa María resultó ser hermana de Sonia, la licenciada que Carmen había despedido. Y a pesar de que las dos hermanas estudiaron Derecho, Rosa María tenía una gran vocación de servicio. Como Roberto Meza, solía llevar casos de campesinos despojados, de obreros despedidos, de mujeres maltratadas; y ejercía un importante liderazgo en el CCL, particularmente, entre los profesores de educación secundaria.

Durante los días 17 y 18 de febrero se vivió una pesadilla. Hubo testimonios de médicos, enfermeras, el anestesiólogo, pero también careos entre García Ávila y la madre y el esposo de Carmen. El médico niega el abandono presentando testigos falsos de que había acudido al hospital del IMSS. Pero Carmen tenía un as bajo la manga: cuando le preguntaban por las razones del abandono del doctor, recordó que él estaba de vacaciones esos días, y que los estatutos del Seguro Social prohíben a sus trabajadores ingresar a sus instalaciones cuando disfrutan de sus periodos vacacionales.

Días de terror y de temor. Por cuestiones de procedimiento, Rosa María no podía ser reconocida como abogada de Carmen, sólo como asesora. Hizo una advertencia: “Hay dos posibilidades: auto de formal prisión o libertad por falta de pruebas”. Como no se sabe qué va a pasar, empieza a preparar la apelación.

3. Un germen de organización

La inmovilidad de la Procuraduría nos había orillado a difundir el suceso en el ámbito local, y José Luis, como trabajador de la BUAP, había conseguido el apoyo del sindicato, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad de Puebla (SUNTUAP), mientras que la familia de Carmen y ella misma habían hecho lo propio entre personal del IMSS.

 Pero García Ávila también había movido sus influencias y conseguido protección, principalmente del Colegio Médico Hidalguense[4] y del personal del ISSSTE en Pachuca.[5]

 En esa época, yo trabajaba en la Secretaría Técnica del INAH. Al finalizar una reunión de trabajo con directoras de las áreas de difusión de aquel instituto, les pedí un poco más de tiempo para plantear un asunto personal. De hecho, mi solicitud consistía en la autorización para incluir sus nombres en un desplegado que se pensaba publicar en el periódico local.[6] En esa reunión estaba Cristina Payán, a quien apenas conocía. Todas accedieron, y al salir Cristina me preguntó si ya conocía a Sara Lovera, a Marta Lamas, a Elena Poniatowska, y al ver mi desconcierto, pidió un teléfono prestado y habló con Goyita, secretaria del director de La Jornada, y le pidió los números de todas ellas.

Tanto en la ciudad como en los periódicos el conflicto ganaba protagonismo. En Pachuca, este hecho lamentable había empezado a captar la atención de algunos periódicos de alcance limitado, y poco a poco se acercaron a Carmen algunas mujeres. En la Ciudad de México tuvimos reuniones con Sara Lovera, con Isabel Barranco, con Marta Lamas, Judith Calderón y con las compañeras de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL). El apoyo se manifestó en diferentes medios. El SUNTUAP publicó un desplegado[7] y en la sección de correspondencia de la revista FEM dieron espacio a una carta de Carmen.[8] También nos dedicaron un espacio en la revista semanal de Radio Educación.

Ante el creciente interés de la opinión pública, acordamos hacer una concentración en Pachuca el 19 de febrero, día en que el juzgado debía pronunciarse. También convenimos que quienes no pudieran asistir enviaran telegramas al entonces gobernador Adolfo Lugo Verduzco.

Aunque todavía no teníamos nombre, nos habíamos empezado a reunir en casa de Carmen para organizar unas brigadas para pegar los carteles que imprimió el SUNTUAP. La idea era cubrir el centro de Pachuca, la casa del médico y toda la ruta hacia el juzgado. Acordamos pegar los carteles en postes y banquetas y respetar las fachadas y los comercios, porque no queríamos tener en contra a la opinión pública, todo lo contrario.

Esa mañana el doctor García Ávila leyó en la banqueta de su casa el cartel que pegamos la noche anterior. Pero él también había dado un golpe: el Colegio Médico Hidalguense pagó un desplegado en el periódico principal de Pachuca para respaldar su “impecable trayectoria profesional”. Y 175 mujeres firmaron otro comunicado como “testigos” de la calidad humana y profesional de García Ávila.[9]

En La Jornada nos publicaron un cintillo invitando a la concentración en el Reloj de Pachuca el 19 de febrero para esperar ahí a Carmen cuando terminara la audiencia. Teníamos tanto miedo de que dejaran libre al médico, que únicamente fuimos al juzgado Rosa María, Carmen, José Luis, Roberto Meza y yo, mientras que en la plaza esperaban unas cincuenta personas. Ante nuestra sorpresa y por supuesto la de los abogados del propio médico, el juez dictó auto de formal prisión.[10] De inmediato, la contraparte empezó a tramitar la libertad bajo fianza, mientras nosotros nos dirigimos a la plaza para dar la buena noticia a la gente.

Todavía sin creerlo, Carmen se bajó del coche y empezó a caminar despacio, muy despacio, hacia el reloj, donde un grupo de mujeres y hombres le aplaudían, gritaban consignas y portaban pancartas de apoyo. De ahí marchamos al Palacio de Gobierno, donde nos recibió el capitán Cano Barberena, secretario de Gobernación, a quien le exigimos garantizar la imparcialidad del juicio que estaba por comenzar. En el trayecto pasamos al consultorio del doctor García Ávila y lo clausuramos simbólicamente, llenando su puerta con carteles alusivos.

Nuestra abogada no compartía tanto optimismo. Tenía ciertas reservas. Sabía que la libertad bajo fianza era posible porque el expediente se había integrado sin la debida clasificación de lesiones. Sabía también que el juicio sería largo y espinoso. Entonces le dijo a Carmen que no le iba a cobrar ni un centavo, a cambio de que nos mantuviéramos organizadas y nos movilizáramos cada vez que hubiera una audiencia, o cualquier evento ante el que fuera necesario ejercer presión. Ella defendía a personas con pocos recursos y, por ende, necesitaba fortalecerse ante los tribunales.

El clima en los periódicos comenzó a ser más favorable a nuestro empeño. En tanto, nosotros seguíamos reuniéndonos para planear cómo difundir en todos los medios posibles la situación de Carmen.

El 8 de marzo, el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y Manuales del INAH celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, con el tema “Solidaridad con Carmen”, en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Apenas terminó, nos dirigimos al Zócalo de la Ciudad de México, porque las compañeras del CIDHAL habían conseguido que Carmen fuera una de las oradoras. Recuerdo que pensé que Carmen no se daba cuenta de lo que significaba hablar en el Zócalo, que ignoraba cuántas negociaciones y grillas había detrás de la lista de oradoras.[11] Al otro día, reprodujeron parte de su discurso en Radio Educación. Durante la siguiente reunión, el sábado 12 de marzo, decidimos que nuestra organización se llamaría “Cihuatl”.

Las actuaciones de Carmen son extremas. En los momentos críticos es dueña de sí, y es capaz de hablar con calma y claridad; es una mujer muy inteligente. En los intervalos llora, llora mucho, siempre llora.

4. El grupo Cihuatl se moviliza

El 9 de marzo se presentaron en el juzgado los peritos de ambas partes a ratificar su aceptación del nombramiento. Para contratar a los nuestros, habíamos acudido al Servicio Médico Forense. Fue uno de los lugares donde nos sentimos más indefensas ante el poder de los médicos y más incomprendidas como mujeres. Encontramos profesionales fríos, indiferentes y poco interesados en nuestra defensa. Todavía no comprendíamos los mecanismos que operaban en el gremio.

Con lágrimas de rabia y de impotencia tuvimos que improvisar un discurso acerca de la maternidad voluntaria, del derecho a decidir, del valor del cuerpo femenino y del dolor que significaba la doble pérdida que experimentó Carmen. Hicimos acopio de todos los argumentos posibles ante los especialistas, enfatizando no sólo el terreno legal, sino la carga moral. Aparentemente convencimos a dos: José Luis Dorantes y Guillermo Ibarra Mora. Pero eso costaba dinero.

Para reunir el millón y medio (viejos pesos, antes de la reforma de 1993) que costaba el peritaje, nos propusimos realizar varias actividades.  A nuestras familias y personas cercanas y conocidas les pedimos fotografías, carteles, libros, artesanías, entre otras cosas. Entre el 11 de marzo y el 13 de abril, hicimos una rifa, un bazar en el Museo Nacional de Cultural Populares y dos bazares en Pachuca. Mientras realizábamos las actividades, repartíamos volantes y hablábamos con toda la gente que nos escuchaba. Era una manera de difundir nuestra causa, tanto en Pachuca como en la Ciudad de México. Adicionalmente visitamos a la licenciada Valdespino, que seguía fungiendo como Ministerio Público, y cuya postura, según nuestra percepción, era imparcial. Nosotras pensábamos que con eso era suficiente, es decir, no pedíamos que los jueces estuvieran de nuestro lado para ganar.

Es importante agregar que en esos días establecimos contacto con otra víctima del doctor García Ávila: Leticia Gálvez, que perdió su útero por una perforación durante un legrado que le practicó este médico en el IMSS. Sólo que Leticia demandó una indemnización por la vía civil y, por consejo de su abogado, declinó unirse a nuestra causa para que no peligrara la indemnización que exigían al médico.

El 14 de abril tuvo lugar la primera audiencia, que se convirtió en una pesadilla para el médico acusado. Llenamos el local de mujeres solidarias del Distrito Federal, del grupo Mujeres en Acción Sindical, del CIDHAL, del SUNTUAP, del INAH y del IMSS de Pachuca, con el acuerdo de tomarle muchas fotografías con flash a García Ávila, para amedrentarlo. Efectivamente, ejercimos gran presión.

Para el 10 de mayo, planeamos una actividad en dos parques de Pachuca: les regalaríamos un globo a los niños que asistieran a los juegos, y a sus mamás, una flor y un volante informativo, anunciando que nos sumaríamos a la campaña mundial en defensa de la maternidad voluntaria. Poco después, con un programa que duraría una semana, nos unimos a otra campaña mundial por los derechos reproductivos: el Día Mundial contra la Mortalidad Materna, 28 de mayo. El programa inició con la entrega de un pliego petitorio a las autoridades de salud del gobierno del estado de Hidalgo.

5. El juicio avanza

De marzo a octubre de 1988 tuvieron lugar audiencias, interrogatorios y careos, y mientras tanto nosotras continuábamos las reuniones de los sábados para intercambiar información y trazar nuevos planes. La licenciada Rosa María Gutiérrez nos sugirió presionar a la Dirección General de Servicios Periciales, de la Procuraduría General de la República, para el nombramiento de peritos forenses con especialidad en ginecología, que elaboraran un informe imparcial, en virtud de que evidentemente los peritos nombrados por las partes contendientes, se habían inclinado en favor de una y otra. Había cierto apremio, ya que la última audiencia, la definitiva en la primera instancia, estaba próxima a celebrarse.

Les dije a Carmen y a Rosa María que buscaría una entrevista con el procurador Sergio García Ramírez. No olvidaré la broma que me hizo un amigo al preguntar: ¿llevas un buen libro, como El nombre de la rosa, o Ana Karenina?, haciendo alusión al tiempo que tardaría en concederme la cita. Para mi fortuna, y después de hablar con varias personas, llegué con la secretaria particular del procurador, Georgina Trejo, quien después de recibirme un oficio y escuchar atentamente la historia, escribió una tarjeta para que me presentara en la oficina del director de Servicios Periciales, el doctor Carlos Tornero Díaz.

Le estaba contando por teléfono a nuestra abogada los resultados de la entrevista, y todavía dudaba de que fuera verdadera su promesa. El doctor Tornero entendió perfectamente nuestra petición y se comprometió a nombrar a las mejores personas, a las más capacitadas. Además, dijo, serán mujeres, que pueden entender muy bien la importancia de su peritaje.

El 14 de noviembre, el juez del Segundo Ramo Penal de Pachuca, el licenciado Pompeyo Hernández, dictó sentencia en contra de García Ávila y le impuso una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, la suspensión para ejercer su profesión durante tres años y seis meses y una multa por 6 800 viejos pesos en favor del erario. En cuanto se hizo pública la condena, el Colegio Médico Hidalguense expulsó de su seno a nuestro adversario. Sabíamos que el médico iba a apelar, pero el valor del triunfo habría sellado el curso de las sucesivas maniobras de sus abogados. Nuestra defensora, por su parte, se preparaba para nuevas batallas.

En marzo de 1989 tuvo lugar un evento muy significativo para el fortalecimiento del grupo Cihuatl: la celebración de su primer aniversario. Decidimos organizar el Primer Encuentro de Mujeres Hidalguenses, en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad, el teatro Bartolomé de Medina. La agenda de discusión estuvo dedicada a reflexionar sobre los tipos de violencia hacia las mujeres, así como acerca de la importancia de la solidaridad y la organización.[12] Ese, día Marta Lamas y Sara Lovera dieron la bienvenida al grupo y a la legitimidad de sus demandas, ante una audiencia de unas 80 mujeres de todas las edades.

Amparos y apelaciones resultaron de poca utilidad para García Ávila, pues si bien tanto en la segunda como la tercera instancia le redujeron las penas, lo cierto es que fallaron en su contra.

El 17 de julio de 1992, el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo dictó varios acuerdos.[13] Citamos los tres más importantes:

SEGUNDO: JORGE GARCÍA ÁVILA es penalmente responsable de la comisión de los delitos de LESIONES CULPOSAS Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL en agravio de MARIA DEL CARMEN RINCÓN CRUZ y del ejercicio de actividades profesionales.

TERCERO: Por la comisión de las conductas delictivas precisadas, se condena a JORGE GARCÍA ÁVILA a sufrir una pena de tres años seis meses y pagar una multa en favor de la administración de justicia por la suma de $ 4, 900.00 (cuatro mil novecientos pesos 00/100) por cuanto hace al delito de lesiones; por lo que se refiere al delito de responsabilidad profesional se le condena a sufrir una suspensión del ejercicio profesional por un lapso de seis meses, girando los comunicados correspondientes a la Dirección de Profesiones, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, y Secretaría del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.

CUARTO: Queda intocada la condena al pago de la reparación del daño por la suma de tres millones, cuatrocientos noventa y un mil, cuatrocientos ochenta pesos 00/100, en favor de la agraviada, que hará el sentenciado, por las lesiones culposas ocasionadas.

6. La cosecha

Habían transcurrido cinco años. Movilizaciones, desplegados periodísticos de un lado y de otro, una fuerte, muy fuerte presencia de la prensa local y nacional, y sobre todo la solidaridad de muchas mujeres y hombres en Hidalgo, en México y en el mundo. Cinco años de juicio y, por fin, el triunfo.

Cada vez que el médico fue considerado culpable por una instancia judicial, experimentábamos emociones encontradas. Nos sentíamos empoderadas, convencidas de que valía la pena el intento, y de que lograríamos que se hiciera justicia. Al mismo tiempo resurgía la conciencia de que el daño era irreparable, y con ella el dolor y la impotencia. No habría manera de revertir la causa que originó el movimiento; sin embargo, nuestro esfuerzo había cristalizado en un precedente, no sólo para Carmen y para las hidalguenses, sino para todas las mujeres del país: era la primera demanda por violación a derechos reproductivos ganada en México.

Este acontecimiento tuvo ecos en otros espacios que no alcanzamos a imaginar en aquellos años. Por ejemplo, el día que se instaló la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, creada por decreto presidencial el 3 de junio de 1996, con la misión de “contribuir a tutelar el derecho a la protección a la salud y a mejorar la calidad de los servicios médicos, a través de la resolución de conflictos entre usuarios y prestadores”, Carmen Rincón Cruz ofreció nuevamente su testimonio, como invitada especial.

Muchos años después, Carmen fue convocada a la Cámara de Diputados de Hidalgo como representante de la sociedad civil para participar en la discusión de un proyecto de ley encaminada a lograr una vida sin violencia para las mujeres. Así, el 8 de marzo de 2015 se aprobó la iniciativa, incluyendo la protección contra la violencia obstétrica hacia las mujeres.[14]

Dicha iniciativa ha sido modificada varias veces. La última reforma corresponde al decreto número 543, del 13 de septiembre de 2021,[15] y contiene las siguientes consideraciones en relación con la violencia obstétrica:

Es toda acción u omisión ejercida por el sistema de salud público o privado o cualquier agente ajeno que asista a la mujer, o incida directamente en ella en el proceso de embarazo, parto o puerperio, que viole sus derechos humanos y que puede ser expresada de cualquiera de las siguientes formas:

a)       Atención inoportuna e ineficaz de las urgencias obstétricas;

b)       Trato deshumanizado;

c)       Patologización del proceso de embarazo, parto o puerperio;

d)       Medicar sin causa justificada el proceso de embarazo, parto o puerperio;

e)       Negativa u obstaculización del apego precoz del recién nacido con su madre sin                justificación terapéutica.

Las luchas de las mujeres siguen, ahora se busca la despenalización del aborto y la disminución de los índices de mortalidad materna, por ejemplo. Importa hacer efectivos los derechos ya conquistados en el terreno de la legalidad; pero sin duda, esas empresas cuentan ya con un ejemplo, con una costosa victoria. Costosa por el enorme dolor, por la impotencia, por la inversión de tiempo y de recursos. Victoria, porque a pesar de la falta de proporción entre el daño y las consecuencias, la sentencia dio la razón al movimiento.